A pesar del intento de los sectores opositores a la presidenta Dilma Rousseff de presentarse como los defensores de la honestidad y de la lucha contra la corrupción, en el Brasil actual eso suena como una broma de mal gusto.
Nadie en su sano juicio puede creer realmente que el proceso de juicio político a Dilma Rousseff tiene que ver con el tema de la corrupción cuando numerosos diputados tienen algún proceso judicial abierto y está en curso la investigación de corrupción y lavado de dinero (“operación Lava Jato”) considerada la más grande de la historia brasileña.
El espectáculo de los diputados votando contra la presidenta invocando a sus madres, hijos o abuelas fue percibido dentro y fuera del país como una burla a las instituciones republicanas.
El toque de distinción lo dio la diputada Raquel Muniz votando “por el fin de la corrupción” un día antes de que su marido -alcalde de la ciudad de Montes Claros- fuera detenido por favorecer a un hospital privado en desmedro de uno público.
De todas maneras, su voto quedó opacado por el de Jair Bolsonaro que reivindicó la figura de un torturador de la dictadura militar, en sintonía con numerosos carteles que se vieron en las manifestaciones callejeras opositoras apelando a la intervención de las Fuerzas Armadas - texto completo
