El abogado de la presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó [el lunes] que si no hay una acción dolosa, el juicio político es un golpe de Estado.
La Constitución de ese país establece que mientras no haya sentencia el presidente o presidenta no puede ir preso.
Ante la Cámara de Diputados, el abogado de la mandataria destacó que no se trata de un favor, es una garantía del Estado, del Gobierno. Cardozo indicó que solo el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República. El abogado defensor señaló que el sistema de Gobierno de Brasil es el presidencialismo, en el que no existe el juicio político "a menos que sea una situación muy grave", un caso excepcional.
Cardozo resaltó que para que abrir un proceso de juicio político la Constitución indica que debe haber un crimen de responsabilidad del presidente que atente contra la Carta Magna. "Si no lo hay, un hecho de crimen, en el sistema de presidencialismo en un Estado democrático de derecho no se puede hacer un juicio político".
En este sentido, explicó que el texto constitucional deja claro que los actos que se toman como crímenes en torno al presidente, son actos cometidos por este directamente, es decir, que los crímenes administrativos no califican para un juicio político. “Para que exista un crimen de responsabilidad hay que tipificar legalmente.
No hay crimen sin previa ley o un antecedente legal, lo que significa que el hecho de juicio político no se puede ejecutar sin ley previa”, detalló Cardozo. Insistió que se necesita tener ley tipificada sobre un delito para que exista la sanción. "Como amante de la democracia la Constitución debe ser respetada" dijo Cardozo y argumentó que "no existe un proceso de juicio político que pueda pasar sus límites de denuncia".
Cardozo cuestionó el hecho que se buscan recursos retóricos para fundamentar el juicio político, al tiempo que determinó que un golpe de Estado traería la ruptura de la Constitución y dañaría al país.
“Si la Constitución se rompe no hay legitimidad interna”, dijo la defensa de la presidenta. Reflexionó que hay que pensar en la historia, en los compromisos institucionales. Si no se replantea esto, los brasileños atravesarían graves consecuencias económicas, políticas y jurídicas
