La Eci, un instrumento de la democracia directa en la UE, entró en vigor en abril de 2012 y permite a un millón de europeos de como mínimo siete países dirigirse a la Comisión Europea con sus propuestas.
Activistas y sindicalistas de todos los Estados miembros de la UE adheridos a la campaña Stop Ttip presionan a los respectivos eurodiputados para que fijen con su voto “claras líneas rojas” en el contenido y alcance del acuerdo.
“Sospechamos que el resultado de la votación será muy ajustado y que las grandes empresas utilizarán todos los medios para obtener una resolución que proteja lo más posible la agenda del Ttip, lo cual no es una sorpresa, puesto que es un gran tratado para ellos que no beneficiará a la población”, explica Guy Taylor, del grupo de presión británico Global Justice Now, en un comunicado del organismo - texto completo
