La iniciativa ahora tendrá que pasar a la Cámara, donde será discutido en comisión y en plenaria. El proyecto pretende proteger constitucionalmente el derecho al agua, dándole prioridad al uso de consumo humano y a la función ecológica.
Es decir, que el Estado deberá garantizar que se cuiden y recuperen los ecosistemas del recurso hídrico, como páramos y cuencas, porque su afectación puede afectar el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, ya que son zonas de influencia de nacimientos, acuíferos y estrellas fluviales.
De aprobarse esta reforma, el derecho al agua podrá reclamarse con tutela.
Ante las críticas del Minhacienda, que teme por el impacto fiscal y judicial que puede generar este proyecto, los autores del proyecto aseguraron que no se establece con esta iniciativa que el servicio de acueducto sea gratis y que se habla se progresividad,
es decir, que el Gobierno garantizará este derecho de manera gradual de acuerdo con las capacidades financieras y realidades económicas del país - texto completo
