[Sputnik / elcomunista.net] - Cuando se cumplen 35 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia, que dejó 98 personas muertas y doce más desaparecidas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, la investigación por los hechos ha dado para que se cueza de todo en torno al caso; menos, paradójicamente, algún asomo de justicia.
Eso es lo que consideran los abogados que representan a los familiares de las víctimas, luego que desde hace más de un año las investigaciones permanecen congeladas por la Fiscalía General.
Los defensores califican la situación como «una desidia» y un vericueto «leguleyo» del Estado, ya que el proceso puede pasar ahora a la Justicia Especial de Paz (JEP, justicia transicional) y parece existir un tira y afloje entre ambas jurisdicciones.
«Desde el punto de vista jurídico el proceso se encuentra engavetado (archivado). La Fiscalía lo puso en «stand by» luego de que el año pasado emitió una circular interna en la que sostuvo que mientras la JEP conozca del caso, los fiscales pueden adelantar investigaciones pero no pronunciarse de fondo.
Es decir, ni lo uno ni lo otro, ni investigan ni se pronuncian sobre nada», dijo a Sputnik el abogado Rafael Barrios, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que representa a algunos familiares de las víctimas - Leer texto completo
