Expertos en derechos humanos trabajan desde América latina y el Caribe para desmontar la impunidad que rodea a las acciones depredadoras de las Corporaciones Transnacionales que dañan el ambiente y violan los derechos humanos y laborales sin que las Bioregiones afectadas (países) tengan instrumentos efectivos para defender los derechos de las mayorías perjudicadas
– Las recomendaciones de esos expertos apuntan a 3tres esferas: 1 Estados y Gobiernos 2 Empresas Transnacionales y 3 Organismos Internacionales
– Las recomendaciones de esos expertos apuntan a 3tres esferas: 1 Estados y Gobiernos 2 Empresas Transnacionales y 3 Organismos Internacionales
– En esa extensa cadena de atropellos -que hoy resisten activamente los pueblos- se combinan sombras de complicidad de los primeros en países que aplican políticas neoliberales como resultado de las presiones, amenazas y sobornos de las Transnacionales y del burocratismo que campea en los organismos internacionales encabezados por la ONU
3. A las instituciones internacionales:
- La ONU debe dirigir la política internacional y para ello se requiere su transformación radical, que ponga como eje central de su trabajo la defensa de los derechos humanos de las mayorías sociales y que subordine cualquier política comercial a esta prioridad. La transformación requiere la eliminación del derecho de veto, que el Consejo de Seguridad se someta a la legalidad internacional y que la Asamblea General de Naciones Unidas incorpore a representantes de los parlamentos y de la sociedad civil para consolidar una verdadera pluralidad internacional.
- Aprobar un código de normas de carácter obligatorio para las transnacionales en materia de derechos. Estos códigos, que fueron propuestos ya en la década de los setenta, deben extender responsabilidades a filiales, proveedoras y subcontratistas.
Sus criterios deben ser interdependencia, indivisibilidad y permeabilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos, la responsabilidad civil y penal de los dirigentes, el cumplimiento directo del Derecho Internacional por las transnacionales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación (las empresas transnacionales son penalmente responsables por los delitos y crímenes que cometen, al igual que los dirigentes que aprueban las decisiones incriminadas).
- La creación de un tribunal que juzgue a las empresas transnacionales en el seno de la ONU o la modificación del estatuto de la Corte Penal Internacional para que pueda juzgar a las transnacionales y a sus directivos.
- La creación de un Centro de Empresas Multinacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas transnacionales en base a las denuncias presentadas por los colectivos y organizaciones afectadas por las prácticas de las transnacionales. Este Centro deberá ser gestionado de manera cuatripartita entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicales.
• La incorporación de principios para una política comercial y de inversión alternativa:
- Los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y campesinas/os, derechos laborales, ambientales y climáticos siempre deben prevalecer sobre cualquier derecho comercial, políticas comerciales y de inversión y los intereses de empresas privadas.
- Se debe garantizar el reparto justo de los ingresos y de las riquezas, y asegurar relaciones justas entre capital y trabajo, así como precios justos para consumidores.
- El gobierno nacional, regional y local deben poder regular importaciones, exportaciones e inversiones con el objetivo de cumplir con sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y demás derechos humanos universales.
- El país, las regiones y los municipios deben poder regular el modelo de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como de poner precios según las necesidades de las mayorías de la sociedad.
- El gobierno nacional, regional y local deben tener la potestad de priorizar el desarrollo y la economía local y regional.
- Cualquier políticas económica, comercial y de inversión deben respetar la soberanía alimentaria y permitir al gobierno nacional, regional y local priorizar sistemas de producción y consumo agro-alimentarios locales y regionales.
- Beneficiar a los productos y servicios producidos bajo leyes sociales, laborales y ambientales justas, promover políticas de compra pública justas, así como la asignación de ayudas públicas para la generación de empleo digno y social y ambientalmente útil.
- Gobiernos, parlamentos y autoridades públicas deben regular los servicios financieros y convertirlo en un sistema financiero y monetario (fiscal) público con los flujos de capitales estrictamente regulados y restringidos.
- Gobiernos, parlamentos y autoridades públicas deben prohibir la desregulación y especulación financieras, así como revertir cualquier privatización de servicios públicos universales, y garantizar el derecho a la alimentación y el acceso universal a los comunes como agua, salud, educación, cultura; y extender al 100% de la población los servicios mediante alianzas pública-públicas.
3. A las instituciones internacionales:
- La ONU debe dirigir la política internacional y para ello se requiere su transformación radical, que ponga como eje central de su trabajo la defensa de los derechos humanos de las mayorías sociales y que subordine cualquier política comercial a esta prioridad. La transformación requiere la eliminación del derecho de veto, que el Consejo de Seguridad se someta a la legalidad internacional y que la Asamblea General de Naciones Unidas incorpore a representantes de los parlamentos y de la sociedad civil para consolidar una verdadera pluralidad internacional.
- Aprobar un código de normas de carácter obligatorio para las transnacionales en materia de derechos. Estos códigos, que fueron propuestos ya en la década de los setenta, deben extender responsabilidades a filiales, proveedoras y subcontratistas.
Sus criterios deben ser interdependencia, indivisibilidad y permeabilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos, la responsabilidad civil y penal de los dirigentes, el cumplimiento directo del Derecho Internacional por las transnacionales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación (las empresas transnacionales son penalmente responsables por los delitos y crímenes que cometen, al igual que los dirigentes que aprueban las decisiones incriminadas).
- La creación de un tribunal que juzgue a las empresas transnacionales en el seno de la ONU o la modificación del estatuto de la Corte Penal Internacional para que pueda juzgar a las transnacionales y a sus directivos.
- La creación de un Centro de Empresas Multinacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas transnacionales en base a las denuncias presentadas por los colectivos y organizaciones afectadas por las prácticas de las transnacionales. Este Centro deberá ser gestionado de manera cuatripartita entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicales.
• La incorporación de principios para una política comercial y de inversión alternativa:
- Los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y campesinas/os, derechos laborales, ambientales y climáticos siempre deben prevalecer sobre cualquier derecho comercial, políticas comerciales y de inversión y los intereses de empresas privadas.
- Se debe garantizar el reparto justo de los ingresos y de las riquezas, y asegurar relaciones justas entre capital y trabajo, así como precios justos para consumidores.
- El gobierno nacional, regional y local deben poder regular importaciones, exportaciones e inversiones con el objetivo de cumplir con sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y demás derechos humanos universales.
- El país, las regiones y los municipios deben poder regular el modelo de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como de poner precios según las necesidades de las mayorías de la sociedad.
- El gobierno nacional, regional y local deben tener la potestad de priorizar el desarrollo y la economía local y regional.
- Cualquier políticas económica, comercial y de inversión deben respetar la soberanía alimentaria y permitir al gobierno nacional, regional y local priorizar sistemas de producción y consumo agro-alimentarios locales y regionales.
- Beneficiar a los productos y servicios producidos bajo leyes sociales, laborales y ambientales justas, promover políticas de compra pública justas, así como la asignación de ayudas públicas para la generación de empleo digno y social y ambientalmente útil.
- Gobiernos, parlamentos y autoridades públicas deben regular los servicios financieros y convertirlo en un sistema financiero y monetario (fiscal) público con los flujos de capitales estrictamente regulados y restringidos.
- Gobiernos, parlamentos y autoridades públicas deben prohibir la desregulación y especulación financieras, así como revertir cualquier privatización de servicios públicos universales, y garantizar el derecho a la alimentación y el acceso universal a los comunes como agua, salud, educación, cultura; y extender al 100% de la población los servicios mediante alianzas pública-públicas.
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