Así lo confirmó en entrevista con el diario brasileño O Estado de Sao Paulo el actual ministro de Ciudades, Bruno Araújo, quien explicó que el Ministerio requerirá de al menos 40 días para analizar la viabilidad del proyecto y establecer "metas realistas" en función al déficit acumulado en las cuentas públicas en Brasil.
"Es preferible que identifiquemos los límites reales del programa y que los números anunciados sean el límite de la contratación", señaló Araújo al anunciar que los dos millones de contratos fijados hasta 2018 serán cancelados hasta que exista una estimación de los costes reales, que Rousseff estimó en 210.600 millones de reales (unos 59.402 millones de dólares) - texto completo
