Están prácticamente deshabitados, salvo por los pobladores que aceptaron o fueron obligados a trabajar para los criminales, describió Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María y Pavón, con sede en Chilapa, Guerrero.
Detrás de esta situación están los intereses de las empresas mineras, tanto nacionales como trasnacionales para quien la delincuencia organizada trabaja como brazo paramilitar, afirmó el director del también conocido como Centro Morelos.
Casualmente en todas esas localidades existen varias concesiones mineras que no se habían podido instalar a causa de los ejidos y poblados que se resistían, dijo Olivares al diario La Jornada.
Para las mineras resulta más sencillo operar en tierras despobladas que lidiar con asambleas ejidales y comunitarias, así que los ejidos fueron dispersados, acotó. (PL) - texto fuente
