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Este decreto hace frente al permiso concedido a la empresa transnacional Monsanto para la siembra comercial de 253,500 ha de soya genéticamente modificada resistente al glifosato, emitido en 2012 por la Sagarpa con la aprobación de la Semarnat para siete estados del país, entre ellos Yucatán.
Desde entonces, este permiso ha sido objeto de un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad yucateca, peninsular y de México en general, así como de los organismos federales especializados –INE, Conabio y Conanp–
Si bien la Sagarpa y la Cibiogem son las instituciones facultadas por la Federación para establecer zonas libres de transgénicos, éstas han desoído y discriminado a las comunidades mayas yucatecas que se las solicitaron desde el año 2012 de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Dicha solicitud fue debidamente respaldada por los cabildos de sus respectivos municipios, doce en total, y por el gobierno del estado de Yucatán, llenándose todos los requisitos y justificándose amplia y oportunamente; a la fecha sigue si ser tomada en cuenta.
De igual forma, el gobierno de Yucatán, en atención al generalizado rechazo ciudadano a los transgénicos, solicitó en reiteradas ocasiones a la Federación la celebración de Convenios de Coordinación en materia de organismos genéticamente modificados, tal como lo establece el artículo 25 de dicha ley; esas solicitudes no encontraron respuesta alguna por parte de las autoridades correspondientes - texto completo
