El frente de agricultores y alcaldes mantuvo el paro contra el proyecto por considerar que constituye una grave amenaza de contaminación para el agro de la zona de influencia.
Según el ejecutivo empresarial Julio Morriberón, Southern cumplió todos los requisitos, incluidos el estudio de impacto ambiental, aprobado por las autoridades, y la llamada licencia social, es decir la conformidad de los pobladores, pero el rechazo supuestamente ha hecho inviable el proyecto Tía María.
Sin embargo, el citado estudio ha sido objeto de cuestionamientos técnicos y, según los opositores, la licencia social fue aprobada en diciembre de 2013 por pobladores de otras zonas y una minoría lugareña.
En las elecciones municipales de octubre de 2014 fueron elegidos en la mayoría de los municipios, y por amplio margen, candidatos abiertamente contrarios al proyecto, hecho que contradijo la supuesta licencia social.
La huelga registró disturbios y se sumó a una serie de protestas en Islay, una de las cuales dejó en 2011 un saldo de tres muertos y más de 40 heridos.
La empresa Southern, de capitales mexicanos, proyectaba producir en Tía María 120 mil toneladas de cátodos de cobre anuales a partir de 2017.
La transnacional explota en la sureña región de Moquegua, cerca de Islay, los yacimientos de Toquepala y Cuajone y opera una refinería, un ferrocarril y una terminal portuaria para el embarque de minerales.
El anuncio de cancelación del Tía María desató una ola de reproches al gobierno de congresistas y economistas conservadores, al culparlo del desenlace por no haber impuesto por la fuerza el proyecto a la población de la zona - vía elcomunista.net
