la isla no puede recurrir a una ley que proclamó en 2014 para declarar en quiebra a sus empresas públicas y evitar así el pago de parte de su deuda.
El fallo del alto tribunal significa que Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EEUU, no podrá establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda de $72,000 millones, de los que cerca de la mitad corresponden a corporaciones públicas, que a menudo recurren al Gobierno para mantenerse a flote.
Los jueces fallaron en contra de la “Ley 71”, conocida a nivel local como “ley de quiebra criolla” - texto completo
