Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio.
Dos peticiones con muchos puntos en común, pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.
La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años trabajando sobre este tipo de propuestas.
La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy reconocidos de DDHH.
Estos tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y Asia son sistemáticas.
Tal y como explica la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH. Por un lado, “políticos y civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución, asesinato o detenciones”.
Pero también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, “cuando se impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales”, explica González.
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Durante la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos objetivos claros.
Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante.
Pero también conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente, haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la semana de movilizaciones - leer màs en Argenpress
