(Ginebra 24 de Junio de 2014) - La complicidad de algunos Estados con las conductas de las trasnacionales, sumado al defectuoso acceso a la justicia por parte de las víctimas y la adopción de tratados de fomento y protección de inversiones y el traspaso masivo de fondos públicos para incrementar las ganancias privadas son, entre muchos otros, los aspectos identificados por el Tribunal Permanente de los Pueblos que realizara una audiencia en Ginebra, Suiza, este lunes.
El jurado de este tribunal estuvo integrado por Juan Hernández Zubizarreta del País Vasco; Francesco Batone y Roberto Schiattarella de Italia, Beverly Keene de la red Jubileo Sur y Renata Reis de Brasil. Los casos considerados involucraron a las trasnacionales Chevron-Texaco (EE.UU.), Shell (RU, Holanda), Glencoe (Suiza, RU)
Tras una extensa jornada en la que se recibieron por espacio de unos 30 minutos cada una las situaciones, acompañadas por imágenes y evidencias de los testigos procedentes de países como Colombia, México, Guatemala, Filipinas, Palestina o Nigeria y El Salvador, el Tribunal compartió una decisión preliminar que, además, era presentada este martes en un evento paralelo dentro de la 26ª Ronda de sesiones de la Comisión de DDHH de Naciones Unidas
Es que precisamente en ese ámbito se encuentra a discusión una propuesta del gobierno ecuatoriano, respaldado por el de Sudáfrica y otras ochenta naciones, que comenzaría con el proceso de un Tratado con carácter vinculante para las corporaciones que violen los DDHH mediante sus inversiones.
Ingentes presiones se han efectuado en las últimas horas para evitar que, al terminar esta ronda de sesiones, este viernes 27, el proyecto sea aprobado. Sin embargo, a través de eventos paralelos, contacto con las delegaciones oficiales y movilizaciones, las organizaciones de la campaña por el Desmantelamiento del Poder Corporativo adelantan que existen posibilidades de un avance a partir de esta ronda de sesiones.
¿Qué nos pasó?
Quienes impulsan esta campaña internacional lanzada hace más de dos años y que ha ido creciendo en su convocatoria recuerdan que el propio sistema de Naciones Unidas había instalado instancias de contralor sobre las transnacionales, en especial en períodos en que éstas operaban y se beneficiaban de regímenes dictatoriales en los países en que actuaban.
Sin embargo, hoy se habla de “captura corporativa” para dar a entender el modo en que estas empresas han venido aumentando su incidencia tanto en los espacios de gobiernos nacionales como en los organismos multilaterales, convirtiéndose, en palabras de Godwin Ojo de Amigos de la Tierra Nigeria “de reguladas en reguladoras” de las decisiones que afectan a las comunidades y naciones.
Según un fragmento de la declaración emitida por el TPP y que fuera publicitada este martes en una rueda de prensa en el Club de la Prensa de Ginebra, para contraponerse a la “arquitectura de la impunidad” que se extrae del comportamiento de las empresas, se deben crear organismos de control público y carácter taxativo en lo jurídico para poner freno o bien someter a juicios penales y civiles a estas organizaciones. Así como controlar que sus cometidos de “responsabilidad social empresarial”, muchas veces propagandeados, efectivamente se cumplen.
El TPP recomendó así al CDH de ONU la elaboración de un tratado para el control de las corporaciones y tanto a los estados sedes de las transnacionales como a las destinatarias de las inversiones de estas empresas, no rehuir las responsabilidades y obligaciones respecto a sus poblaciones, comunidades y medio ambiente - ver Vìa Campesina
