Esa estrategia -que en vez de ser una síntoma de fuerza es más bien una muestra de debilidad, aunque no por ello menos peligrosa- pisotea las reglas más elementales del derecho internacional.
El caso emblemático es la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela, con el «congelamiento» de bienes por un monto de 7 000 millones de dólares pertenecientes a la compañía petrolera del Estado venezolano, sanciones cuyo objetivo declarado es impedir que Venezuela -país que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo- pueda exportar su petróleo.
Además de ser uno de los 7 países que cuentan con reservas de coltán, Venezuela es también un país rico en oro, con reservas estimadas en más 15 000 toneladas, oro que el Estado utiliza para obtener divisas fuertes y comprar medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad.
Es por eso que el Departamento de Estado estadounidense, en coordinación con los ministros de Finanzas y los gobernadores de los Bancos Centrales de los países miembros de la Unión Europea y de Japón, ha realizado una operación secreta de «expropiación internacional», documentada por el diario italiano Il Sole 24 Ore.
Se trata, de hecho, de un verdadero acto de rapiña, al estilo de lo que sucedió en 2011 con el «congelamiento» de 150 000 millones de dólares de los fondos soberanos libios - fondos libios cuya mayor parte se consideran hoy «desaparecidos». La diferencia es que el robo del oro de Venezuela ha sido perpetrado en secreto.
Pero el objetivo es el mismo: ahogar en el plano económico al Estado víctima para acelerar su colapso, fomentando la oposición interna y, si no bastara con eso, atacarlo militarmente desde el exterior. - Texto completo
