Macri se empecina en mostrar algunas señales de recuperación económica y alentar un próspero segundo semestre. El problema es el glosario de críticas que pesan sobre su gestión. Las últimas mediciones muestran que casi el 60 por ciento de los argentinos rechazan sus primeros seis meses de Gobierno.
En ese contexto, el Ejecutivo Nacional anunció una gran medida: el pago de las sentencias a los jubilados que litigaron contra el Estado por haberes mal liquidados. La iniciativa también alcanza a aquellos abuelos que tienen sus juicios en proceso y a los que no lo iniciaron pero les corresponde el aumento.
La decisión fue celebrada por todos; se trata de una política justa, reparatoria, que traerá alivio a un sector importante y sensible de la sociedad.
Pero…, siempre hay un pero, en el mismo vagón viajan otras iniciativas que resultan amenazantes de la estabilidad fiscal del Estado argentino.
Junto al pago de los juicios a los jubilados está la decisión de vender las acciones que tiene la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en las empresas privadas. No cualquier empresa, por cierto.
Son las firmas principales del capital industrial exportador que tiene el país. La presencia del Estado, en sus directorios y acciones, equilibra el juego entre lo público y lo privado - texto completo
