Pero tal responsabilidad, a la luz del derecho internacional y de los acuerdos a que se han llegado en la mesa de negociación de La Habana, no solo debe recaer en los principales actores generadores de violencia en Colombia:
el Estado, la guerrilla y las bandas paramilitares, sino que necesariamente tiene que ampliarse a terceros que son cómplices y articuladores de delitos de lesa humanidad, como varias empresas transnacionales que se han aprovechado de la confrontación armada y del histórico debilitamiento institucional de este país andino para consolidar sus negocios corporativos vía fractura social y territorial.
El capital transnacional, como en buena parte del mundo y particularmente en América Latina, ha jugado papel funesto y criminal en el proceso de la expansión del capitalismo, y por supuesto Colombia ha sido un botín a lo largo de su intrincada historia para sus protervos y codiciosos propósitos con la complicidad directa de la elitista clase dirigente.
Baste recordar la masacre de las bananeras en el recóndito municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, en el norte del país, a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, por parte del Ejército colombiano que estaba al servicio de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) para complacer sus intereses económicos.
La historia en Colombia se ha repetido como tragedia, pues al despuntar el siglo21, su clase dirigente como en la época de la matanza en la región bananera del Magdalena, ha continuado poniendo a órdenes del capital transnacional el aparato estatal y los recursos naturales del país...
con consecuencias humanitarias y medioambientales funestas en las comunidades y territorios, hasta el punto que se puede afirmar que varias empresas multinacionales han sido actores del conflicto interno, por lo general, apoyando bandas paramilitares que les han posibilitado ampliar su dominio económico y territorial, en lo que el geógrafo inglés David Harvey, ha denominado "acumulación por desposesión" - texto completo
