Con más de 77 mil casos confirmados (y 5.500 muertos), Ecuador vuelve a ser noticia no sólo por la mala gestión de la pandemia y desborde del sistema de salud, sino por el detrimento democrático institucional que vive el país de cara a las elecciones de febrero del 2021.
Ecuador está viviendo una instancia más de la persecución judicial
('Lawfare') de la cual son víctimas ahora los órganos electorales.
Este
es el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues la Contraloría
General dirigió un oficio el pasado 22 de junio a tres de cinco vocales
del CNE, informándoles que pueden ser destituidos
por no haber eliminado del registro electoral a cuatro partidos políticos con supuestas irregularidades, entre los que se encuentra Fuerza Compromiso Social, partido al que pertenecen Rafael Correa y la militancia de la Revolución Ciudadana.
En las elecciones seccionales de 2019 los candidatos aliados del ex
presidente Correa se postularon en alianza con el partido Fuerza
Compromiso Social, obteniendo catorce victorias electorales. Entre ellas
la provincia de Manabí -histórico bastión correísta- y la prefectura de
Pichincha.
Así, la Revolución Ciudadana alcanzó dos de las tres más importantes prefecturas (gobernaciones) del país.
A solo siete meses de las elecciones generales, aún no hay candidatos proclamados para participar en ellas por parte de ningún partido - Leer texto completo