En un informe de la Comisión difundido hoy aquí, Orozco sostuvo que aún continúa pendiente la implementación de planes o políticas eficaces para el tratamiento adecuado de ese fenómeno.
El relator se refirió, en especial, a los cuestionamientos de la sociedad civil sobre fallas estructurales en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Como ejemplo puso "la pérdida y destrucción de información necesaria para el hallazgo de los desaparecidos y el bajo número de personas identificadas en relación con la cantidad de restos exhumados".
También subrayó que, aún cuando los asesinatos extrajudiciales de civiles reportados por el ejército como guerrilleros caídos en combate ha disminuido, los procesos de investigación y condena de esos homicidios son insuficientes.
Durante la audiencia pública sobre el tema, realizada en marzo de 2013, el Estado informó a la CIDH la existencia de 2.013 pesquisas judiciales que abarcaban a 3.254 víctimas y, sin embargo, solo 52 de esos procesos se encuentran en etapa de juzgamiento, precisa el informe.
La CIDH alerta que, de acuerdo con la información recibida, Colombia enfrentaìa importantes desafíos en cuanto al elevado número de investigaciones sin avances, la exigua cifra de responsables en fase de condena y el total de víctimas registradas -- vìa Argenpress
