El Ministerio de Defensa, con Oswaldo Jarrin a la cabeza, emitió, el 26 de mayo pasado, el Acuerdo Ministerial 179, que contiene el “Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas”.
Dicho texto a más de violentar la Constitución y tratados internacionales de DDHH, es en los hechos, un manual de violación a DDHH y blindaje de las Fuerzas Armadas frente a tales actos.
Este reglamento se publica a raíz de la experiencia de octubre de
2019 y en perspectivas de la crisis en medio de la pandemia COVID19.
Esta es una clara amenaza a los defensores y defensoras de DDHH, a las
organizaciones indígenas, sociales y populares.
¿Dónde queda la garantía del derecho a la asociación, la organización, a la resistencia, la defensa de los territorios, la defensa del agua y la biodiversidad, la educación? Según el manual del Ministro, los derechos ahora son considerados amenazas.
Pero la defensa de DDHH, conoce el lenguaje ambiguo militarista que se utiliza para legitimar su accionar. El reglamento establece niveles para el uso diferenciado de la fuerza y me permito establecer lo que en los hechos ha sucedido, no solo en Ecuador.