[Sputnik / elcomunista.net] - Una parte de España tiembla de preocupación ante el incierto futuro que se abre para la monarquía borbónica, después de hacerse público que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey emérito Juan Carlos por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Por Francisco Herranz* - La Fiscalía Anticorrupción llevaba dos
años indagando el presunto pago a Juan Carlos de comisiones millonarias
por la adjudicación del contrato para construir un tren de alta
velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina.
Pero ahora el órgano fiscal superior ha asumido las diligencias de esa espinosa investigación por indicación de la fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien entendió que es esa la instancia que debe incidir en el caso dado que el monarca es persona aforada, es decir, que solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo.
Juan Carlos es aforado desde el 19 de
junio de 2014 cuando abdicó del trono en favor de su hijo y actual rey,
Felipe.
Hasta esa fecha era inimputable, en otras palabras, inmune al poder de la justicia. Este blindaje legal está recogido en el artículo 56.3 de la Constitución española, que sostiene que la persona del Rey de España es «inviolable y no está sujeta a responsabilidad» mientras ostente el cargo de jefe del Estado.
Tras su abdicación, a Juan Carlos y a su esposa Sofía se les incluyó como aforados, una ventaja procesal que también disfrutan nada menos que otras 10.000 personas en España, entre diputados, senadores, miembros del Gobierno y de la cúpula judicial.
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