miércoles, 18 de agosto de 2021

Bolivia cree que ex presidenta podría recibir pena máxima por delitos de lesa humanidad

(Sputnik / elcomunista.net) - El Gobierno de Bolivia considera que la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) podría recibir la pena máxima de 30 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad, dijo este miércoles en una entrevista exclusiva a Sputnik el canciller Rogelio Mayta.

«En relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años. (…) Por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años», afirmó el canciller.

El martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la crisis política iniciada en 2019.

El GIEI calificó como masacres a operaciones militares y policiales, ordenadas por el Gobierno transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y muchos heridos.

Mayta señaló que ese informe establece de «forma clara» que en Sacaba (Cochabamba, centro) y Senkata (El Alto) se perpetuaron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad, al asesinar a connacionales, realizar un «proceso de persecución», detenciones ilegales y torturas por parte del Estado.

Actualmente, Áñez enfrenta dos procesos: uno referido al rompimiento constitucional y otro sobre delitos de lesa humanidad, explicó el canciller.

«El de las violaciones de derechos humanos debería ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice el juicio penal por dos tercios de votos. Si se da la autorización, se prosigue con la institucionalidad de la justicia. El informe del GIEI va a ser importante en ese proceso para que los parlamentarios puedan valorar la posibilidad de autorizar o no ese juicio contra Áñez», agregó.

El GIEI que operó en Bolivia es el tercer grupo de este tipo constituido por la CIDH, después del que investigó la matanza de Ayotzinapa en México, y la violencia política en Nicaragua - Ver texto