La última muerte fue la del líder estudiantil Esteban Mosquera
Colombia desborda de muerte y de droga. El último asesinato fue el de Esteban Mosquera, un dirigente estudiantil, sicariado en Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más marcados por la violencia, productor de coca y marihuana.
Ahí mismo, en el Cauca, en la localidad de Santander de Quilichao, fueron asesinadas tres personas un día antes. Ese mismo domingo, mataron a un dirigente social en el área rural de Cúcuta, departamento del Norte de Santander, frontera con Venezuela, zona de mayor cantidad de cultivos de coca del país.
Los números hablan por sí solos: sólo en el 2021 ocurrieron 67 masacres con 243 víctimas, fueron asesinados 109 líderes sociales y 35 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 entre Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y volvieron los desplazamientos masivos de poblaciones, como los ocurridos en el departamento de Ituango semanas atrás.
Se trata de una escalada de violencia que se profundizó desde que Iván Duque asumió la presidencia en el 2018, y que nada indica que se detenga.
El negocio de la droga - La violencia armada no es nueva en Colombia, es, de hecho, la constante.
Existe una continuidad que puede rastrearse desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, las primeras formaciones guerrilleras, una trama que tiene un punto de modificación a partir de fines de los 70 con la aparición seguida del auge y reino de la droga, y su impacto transversal.
Carlos Castaño, criminal y líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar entre 1994 y 2006, se lo explicó al filósofo francés Bernard Henry-Lévy en una conversación publicada en el 2001: “este conflicto está vinculado a la droga y no se puede entender en absoluto si no se piensa continuamente en clave de droga”.
El negocio de la droga explica, como un hilo conductor, una parte central de la política y violencia en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2020 se contabilizaron 143 mil hectáreas de cultivos ilícitos, un número que disminuyó de 7% respecto al 2019, pero con un aumento del 8% en el rendimiento debido a los cambios tecnológicos, pasando de 1.337 toneladas por hectárea a 1.228.
No se trata de un negocio invisible. Las plantaciones, en varios sitios, están situadas en lugares de conocimiento público. Su presencia marca a sangre y fuego la dinámica de los territorios, donde diferentes grupos armados se disputan el control de vastas áreas de cultivo y vías de circulación.