El último de los escándalos empresariales protagonizado por el presidente de la CPC [Confederación de la Producción y del Comercio], Juan Sutil, incluyó declaraciones profundamente xenófobas al culpar a la inmigración del deterioro económico del país.
Si bien sus dichos no encontraron eco directo entre sus pares [aunque siempre lo encuentran en conversaciones privadas], se suman a una interminable lista de frases similares, clasistas, ofensivas hacia las y los trabajadores, expresiones lamentables que confirman la enorme distancia que existe entre el gran empresariado nacional y las aspiraciones de cambio de las mayorías, y alertan respecto al rol que jugarán estas personas “normales, pero poderosas” en el proceso constituyente.
Las declaraciones de Sutil, además, evaden la verdadera razón de nuestro estancamiento económico: un modelo de “desarrollo” basado exclusivamente en la extracción de materias primas para su venta al extranjero [sin procesar, y por lo tanto sin ofrecer trabajo a la población], defendido a rajatabla por una clase empresarial que se ha enriquecido gracias a las enormes facilidades y garantías con las que pueden operar.
Con impuestos bajísimos, cuando existen, pocas garantías para sus trabajadores y nulo cuidado del medioambiente.
Extractivismo que se complementa con la privatización de derechos básicos como la salud y la educación, por los que sus dueños obtienen ganancias que provienen de subsidios y créditos con garantía estatal, es decir, dinero que se va directamente desde el fisco hacia sus bolsillos.