En su cuenta de twitter, la ONG Temblores contabilizó, desde el 28 de abril que comenzó el paro nacional en Colombia hasta el 8 de mayo, 1.876 casos de violencia policial,
que incluyen 963 detenciones arbitrarias, 28 personas agredidas en sus ojos, 12 víctimas de violencia sexual, 47 de violencia homicida (39 de ellas de violencia policial), y 548 personas desaparecidas.
El detonante del paro fue el envío al Congreso de la reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque y su ex ministro de Economía, Alberto Carrasquilla, a quien Duque ha postulado para presidir la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En síntesis, el proyecto de Ley —ya retirado por la presión popular—, según el portal BBC News, gravaba a la clase media con impuestos a los ingresos desde US$663, en un país cuyo salario básico es US$234; la reforma proponía gravar con IVA, que en Colombia es del 19%, a los servicios públicos (luz, agua y gas) así como a servicios funerarios, artefactos electrónicos y otros.
No obstante, para entender la indignación de quienes se manifiestan en el paro no basta conocer la reforma tributaria: Colombia es un país socialmente injusto, cuya élite gobernante ha boicoteado el proceso de paz y permite la impunidad de los crímenes cometidos contra centenares de líderes sociales.
El problema es estructural en un país inequitativo: según reporte del Banco Mundial, a 2019, el índice de Gini en Colombia es 51,3. El informe de Oxfam Radiografía de la desigualdad (2017) concluye que el 1 % de los predios agrícolas acumulan el 81 % de las tierras colombianas.
El 0,1 % de los predios de más de 2.000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra; y el 42,7 % de los propietarios de estas fincas desconoce la forma de propiedad de sus propios predios.
De ahí que, el primer punto abordado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, fue el de la tierra: «Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral».