(Sputnik / elcomunista.net) - Diecisiete días de represión en Colombia han dejado hasta el momento 52 personas asesinadas, 18 casos de violencia sexual, más de 500 desaparecidos y al menos 2.500 agresiones por parte de la fuerza pública, una situación que impide sentarse a dialogar, expresó el viernes a Sputnik el sociólogo y especialista en políticas públicas Diego Pinto Millán.
«Es muy difícil generar un espacio de negociación con el Gobierno en medio de la represión estatal, es como sentarse a un diálogo de sordos donde el Gobierno no tiene intención de cambiar nada; a este paro no lo conduce un solo sector político o social, sino que lo hace el grueso de la ciudadanía»,
manifestó el experto, quien además integra el comité ejecutivo distrital del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo y las organizaciones sociales Ciudad en Movimiento y Congreso de los Pueblos.
Segùn Pinto Millán, la protesta iniciada el 28 de abril para manifestarse contra la reforma tributaria impulsada por administración del presidente Iván Duque se transformó «de una reivindicación a un objetivo político, que hoy claramente tiene que ver con derrotar al sector mafioso y paramilitar que está en el Gobierno».
En ese sentido, consideró que la pandemia de covid-19 «llevó la violencia que utiliza el neoliberalismo para profundizarse a niveles exacerbados y eso llevó a la materialización de la protesta masiva; hay un acumulado de incumplimientos por parte del Gobierno y las comunidades ya no estamos dispuestas a soportarlo».
Agregó que el Gobierno no está interesado en dialogar con el movimiento indígena, las mujeres o los campesinos, sino que se limita a dirigirse a los sectores económicos.
En el marco de los enfrentamientos actuales, afirmó que antes de sentarse a una mesa de diálogo será necesario que se permitan las misiones de verificación internacional, que se busque el camino para encontrar a las personas desaparecidas y que se proceda a la desmilitarización de los territorios.
«Esta crisis solo va a pasar si discutimos los asuntos humanitarios primero y los económicos después», manifestó.
La represión en Colombia ha llegado al punto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional el uso desproporcionado de la fuerza pública para contener a los manifestantes - Ver texto