Las cosas deben plantearse en toda su crudeza.
La guerra es una opción que la burguesía chilena baraja para resolver el conflicto en la Araucanía. Evalúa pasar de la actual guerra de baja intensidad a una abierta y declarada, para así aplastar militarmente la lucha del pueblo mapuche.
Es así que la coyuntura política ha estado marcada en las últimas semanas por el anuncio del gobierno de la eventual aplicación del estado de sitio en la zona del Wallmapu, abarcando las regiones del Biobío y la Araucanía, incorporando directamente a las FF.AA. en el conflicto.
La situación es grave, y da cuenta de lo agudo que se ha vuelto el conflicto mapuche para el capital. En el aspecto formal, el estado de sitio es uno de los cuatro estados de excepción que contempla el actual orden constitucional. La aplicación de estos suspende temporalmente «el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas» (artículo 39).
El caso particular del estado de sitio corresponde a una situación de «guerra interna o grave conmoción interna» (art. 40), requiriendo la aprobación del Congreso.
El Presidente queda facultado para «restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes», pudiendo, además, «suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión» (art. 43).
El gobierno no logró aunar esta vez a los distintos partidos de la burguesía para jugársela por la declaración del estado de sitio, a pesar de que la Cámara baja aprobara (61 votos a favor) la moción del diputado Sebastián Torrealba (RN) que instaba al Presidente a militarizar el conflicto.
La burguesía aún vacila en la forma de enfrentar la lucha del pueblo mapuche, lo que se expresa finalmente como una incapacidad para alcanzar un consenso transversal entre sus partidos respecto al problema - Leer más