Haití vive una crisis permanente desde 2018, cuando las protestas de la sociedad civil y todo el arco opositor estallaron frente al escándalo de corrupción multimillonario que el presidente en ejercicio y su predecesor habían realizado con los fondos de PetroCaribe [1].
Habiendo gobernado 4 de los 5 años estipulados, prácticamente todo el país unido le pide a Jovenel Moïse que culmine su mandato el 7 de febrero de 2021. Él asegura que no lo hará.
El quid de la cuestión se basa en la interpretación auténtica de la Constitución Nacional, porque actualmente el jefe de Estado se atribuye todos los poderes violando el artículo 150.
Otros también abogan por el artículo 134-2, que consiste en que la Constitución prevé un adelanto del inicio del período presidencial si hay problemas con el recuento de votos en las elecciones.
Este hecho aplica a las elecciones de 2015, anuladas por fraude y vueltas a celebrar en 2016, pero deja a discrecionalidad si puede ser aplicado con retroactividad para dejar sin efecto un Gobierno que ha cumplido 4 años de mandato, de crisis y de ilegitimidad permanente, sólo sostenido por el beneplácito internacional.
La tensión se encuentra in crescendo, y a la efervescencia en las calles se suman sectores sindicales, quienes convocaron a una huelga general en protesta contra la inseguridad y con la exigencia de la salida de Moïse del Palacio Nacional.