[Sputnik / elcomunista.net] - Francisco Martínez era un malabarista de 27 años que vivía en las calles de la ciudad de Panguipulli (sur).
Tranquilo, amigo de los perros y siempre buscando un libro para leer, según explicaron los panguipullenses en reiteradas entrevistas a los medios locales tras su muerte la semana pasada.
Por Francisco Bravo Atias* - El viernes 5 de febrero, tres carabineros (policías militarizados) le practicaron un control preventivo de identidad, herramienta que desde 2016 permite a la policía pedir los documentos de cualquier persona en la vía pública.
Como el artista había perdido su carné de identidad y se resistió a ser llevado a la Comisaría, comenzó una discusión que terminó con Martínez acribillado en pleno centro de Panguipulli, con balas en sus extremidades, tórax y corazón.
El acto tuvo consecuencias inmediatas. Protestas en todo el país, que incluyeron incendios en numerosos edificios públicos y decenas de detenidos, además de que la Fiscalía inició una investigación por homicidio simple contra el carabinero que percutó el arma.
Los cuestionamientos al control de identidad llevó a un grupo de parlamentarios del bloque de izquierda Frente Amplio a presentar una moción para derogar la ley, basándose en recomendaciones de organizaciones civiles, expertos, entidades pro derechos humanos, universidades y varias voces que la califican como una medida discriminadora.
Pero, si el control preventivo genera rechazo en tantos sectores, ¿cómo logró entrar al ordenamiento jurídico chileno? - Leer texto completo
