En las últimas semanas han ocurrido varios sucesos relevantes en la lucha contra el maíz transgénico y el cancerígeno glifosato que muestran la
importancia que tiene el maíz nativo para la población, organizaciones y comunidades en México, pero también el empeño de las trasnacionales para seguir lucrando a costa de la salud de la gente y el ambiente.
A principios de octubre se hizo público que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) rechazó por primera vez un maíz transgénico de Bayer-Monsanto para consumo.
En años anteriores autorizó decenas de transgénicos de maíz. No para siembra, que es competencia de la comisión de bioseguridad. Casi todo el maíz importado va como forraje al negocio trasnacional de cría industrial de cerdos y pollos, pero este puede llegar a consumo humano intencional o accidentalmente en el trasiego, almacenamiento, procesamiento o en usos alimentarios industriales.
Ya se comprobó contaminación transgénica de maíz nativo, que podría tener este origen.
Cofepris basó su decisión en el principio de precaución, como debería haber sido siempre, pero antes funcionaba como borrego de las empresas. Bayer (antíquisima fabricante de venenos y ahora propietaria de Monsanto) alegó que la resolución y cuestionamiento al glifosato no tiene bases científicas.
Probablemente se refiere a los científicos pagados por la empresa, una conducta que se demostró y fue clave para que Monsanto perdiera varios juicios en EEUU por daños a la salud.
Sabía que el glifosato era potencialmente cancerígeno, pero lo ocultó y pagó a periodistas y científicos para escribir informes alegando que no tiene grandes riesgos (enlace).
Con más de 100 mil juicios en EEUU contra la empresa, de personas y familiares que sufren cáncer u otros daños por uso de glifosato,