Suena increíble pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de leyes que otorgan propiedad intelectual sobre semillas a grandes empresas, con la protección del convenio UPOV (Unión internacional de Protección de Obtenciones Vegetales), institución que esta semana cumple 60 años.
Podría pasar en México con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, quien argumenta que es para armonizarla con el T-MEC y otros tratados de libre comercio.
Rodríguez no es original, simplemente sigue los lineamientos que dictan las trasnacionales semilleras y de agrotóxicos como Bayer, Syngenta y Corteva. Son éstas las que se benefician de las normativas para privatizar semillas (https://tinyurl.com/yc285u3k).
Su objetivo no es la alimentación sino el lucro, ven a las semillas solamente como eslabón de la cadena industrial de agroalimentación, monopolizarlas como un paso clave para controlar toda la cadena.
Por ello han promovido la privatización de las semillas con derechos de obtentor y patentes.
Contra ese proceso, que es una vía para criminalizar la vida campesina y la producción soberana de alimentos, se está realizando del 2 al 8 de diciembre una campaña global contra la UPOV y la privatización de semillas, apoyada por 285 organizaciones de 47 países (#StopUPOV).
Una forma de imposición de las disposiciones de UPOV han sido justamente los tratados de libre comercio. En el marco de la campaña, Grain publicó esta semana un mapa interactivo de esos tratados y qué países los empujan.