(Sputnik / elcomunista.net) - A la imposibilidad de cuajar una plataforma unitaria, primer hándicap que debía salvar oposición nicaragüense en el camino hacia las urnas, se le suma ahora el hecho de que cuatro de sus presidenciables están sujetos a procesos judiciales en los cuales deberán responder por presuntos delitos de lavado de dinero y lesión a la soberanía nacional, entre otros.
Por Gonzalo Becerra* - Entre las bases del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) expresada a través de las redes sociales prima la demanda de justicia para quienes consideran responsables de los actos de violencia y crímenes de odio en el contexto de lo que el gobierno definió como intento de golpe de Estado en abril-julio de 2018.
Desde las trincheras mediáticas de la oposición, en lo fundamental financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), defienden la idea de que las detenciones forman parte de una estrategia gubernamental para llegar a la cita con las urnas, el 7 de noviembre, sin competidores con posibilidades de interrumpir un período de 15 años del sandinismo en el poder.
FUNDACIÓN VIOLETA CHAMORRO - La ofensiva judicial comenzó el 20 de mayo cuando el Ministerio de Gobernación (Migob) citó a declarar a Cristiana Chamorro, quien fuera representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la cual cesó operaciones por propia voluntad el 5 de febrero de 2021.
A principios de año, Chamorro había lanzado su candidatura presidencial, a pesar de no contar con el soporte de un partido político - Leer màs