En 2008, mientras miles de tumbas cerradas por los paramilitares eran abiertas por la investigación de Justicia y Paz, el exsenador y primo del presidente colombiano, Mario Uribe Escobar, fue acusado y condenado a cuatro años y medio por sus conexiones con el paramilitarismo.
A pesar de las confesiones, los documentos, las fotografías y los abundantes videos que vinculan a los paramilitares con figuras reconocidas de la política colombiana, el gobierno nunca se cansará de negar cualquier vínculo comprometedor. Lo mismo el ala colaboracionista de la oposición venezolana, de paso por el país vecino.
Pero el poder es astuto como un zorro. No sólo sabe negociar sino también despistar al más desconfiado. Durante la presidencia de Álvaro Uribe se extraditaron a EEUU varios de los miembros responsables del narcotráfico, de abusos sexuales sistemáticos contra mujeres y menores, y de masacres de miles de víctimas que cada tanto aparecen en fosas comunes.
Los acusados sólo son extraditados por la primera razón, el narcotráfico.
Para sorpresa o para confirmación de sospechas por parte de los activistas de derechos humanos, en EEUU los criminales obtuvieron condenas que rondan los diez años y algunos recibieron, como premio, la residencia permanente en este país.
Una posible razón radica en que muchos tenían conexiones con el presidente Álvaro Uribe y con Washington, y convenía acusarlos por una parte de sus crímenes en lugar de remover el resto, logrando confesiones parciales a cambio de penas mucho más generosas que no se adecúan ni a terroristas ni a genocidas.