Nos encontramos en un momento actual muy interesante y desafiante en América Latina, marcado en estos últimos años por importantes revueltas populares, las cuales han estado presentes incluso en tres de los países más de derecha de la región en los últimos 30 años, como son los casos de Chile, Perú y Colombia.
Planteo esto, por la importancia de esas revueltas en esos tres países para la región, ya que buscan la superación de décadas marcadas por la imposición de manera criminal de políticas neoliberales,
de parte del pinochetismo, fujimorismo y uribismo respectivamente, quienes han negado la posibilidad de pensar alternativas distintas a las dictadas por Estados Unidos y organismos internacionales coloniales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Fondo Interamericano de Desarrollo.
No es casualidad por tanto, que Chile, Perú y Colombia hayan estado bastante al margen de los procesos políticos que ocurrieron en la región, desde la década de los 2000, en donde se cuestionó masivamente y fuertemente el llamado Consenso de Washington de la década de los 90 y el supuesto fin de la historia de Francis Fukuyama, lo que abrió un nuevo ciclo de movilizaciones contra las políticas privatizadoras, que pusieron al mercado como el centro de la vida.
De ahí la importancia del rol que jugaron los movimientos sociales en países como Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, desde esa década, para abrir nuevos espacios democráticos, la aparición de nuevos gobiernos de izquierda y/o progresistas, nuevos organismos de integración regional (UNASUR, ALBA, CELAC) y procesos constituyentes incluso en algunos casos, lo que derivó en una amplia politización de la sociedad en general.
Las demandas en aquellos países de sectores organizados provenientes del mundo sindical, ambiental, indígena estudiantil y feminista, lograron un nivel de articulación y de interseccionalidad alto, lo que se tradujo en generar condiciones para llevar a la discusión pública,