Y, en caso de que la respuesta afirmativa fuese mayoritaria, qué clase de órgano debería ser el encargado de redactar la nueva Carta Magna.
Había dos alternativas: o bien una “Convención Constitucional” compuesta por 155 personas exclusivamente electas con este fin y que una vez finalizado el proceso deberá disolverse o, en caso contrario, una “Convención Mixta” conformada por 172 integrantes, un 50 por ciento de los cuales parlamentarios y el 50 por ciento restante por ciudadanos también electos con este único fin.
Esta consulta no fue una concesión graciosa de la casta política post-pinochetista sino el corolario de un largo proceso de luchas populares que alcanzaron su apogeo en las jornadas que tuvieron lugar a partir del 18 de octubre del 2019.
Éstas dieron por tierra con la fantasiosa imagen del “modelo chileno”, ese supuestamente virtuoso paradigma de la transición democrática y del éxito económico publicitado sin escrúpulos y sin pausa por los intereses dominantes y el imperio.
Las protestas desbarataron en un furioso abrir y cerrar de ojos la espesa telaraña de mentiras oficiales dejando al descubierto un país con uno de los mayores índices de desigualdad económica del mundo, con los hogares más endeudados de Latinoamérica y el Caribe,