[Sputnik / elcomunista.net] - La búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado que desangró El Salvador de 1980 a 1992 chocó con una barricada militar, apuntalada por la negativa del presidente Nayib Bukele a abrir los archivos del Ejército.
Por Tomás Lobo* - El pasado 21 de septiembre, el coronel Carlos Vanegas impidió al juez Jorge Guzmán y a varios peritos judiciales cumplir con una sentencia de la corte municipal de San Francisco Gotera (oriente), para inspeccionar los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada (FAES).
El propósito de la inspección era recabar información para esclarecer la masacre perpetrada por el proscrito Batallón Atlacatl en diciembre de 1980 en El Mozote y cantones aledaños, y Vanegas impidió la diligencia sin dar explicaciones.
Días después, en cadena nacional, Bukele afirmó que la documentación recabada por el juez Guzmán había desparecido, y acusó a los investigadores de querer husmear en los archivos militares con fines políticos.
«La mayoría de los archivos fueron destruidos en estos 40 años. No sabemos cuándo los destruyeron. Lo único que tenemos es esto», aseguró el jefe de Estado, señalando cuatro carpetas con lo que quedó de las supuestas purgas - Leer texto completo