La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración.
No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio [supuestamente de izquierda], cuya cara es Gabriel Boric.
El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la paz y una nueva Constitución definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal.
Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto.
Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición.
Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se re-editaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios.
Así, la derecha, la ex-concertación, el Frente Amplio e independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía.
Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación.