Así lo indican los números que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) arroja cada media hora y que todos siguen en radios, televisores, redes sociales, viendo como Castillo, progresivamente, se ubica por delante de su contrincante, Keiko Fujimori que se queda con pocas posibilidades de victoria.
La tendencia aparece como difícilmente reversible. Fujimori afirmó en la noche del lunes que los votos del extranjero podrían “emparejar” el resultado, y denunció la existencia de “indicios de fraude en las mesas (…) planificado y sistemático”. El anuncio de la candidata de Fuerza Popular ocurrió cuando Castillo la aventajaba por 90.000 votos, con el 94.47% de las actas, tanto del Perú como de fuera, contabilizadas.
No se trata de una elección más: el resultado dirá no solamente quién será el próximo presidente, sino qué tipo de modelo económico, político, se intentará construir y qué conflictos habrá en un país en crisis política prolongada.
Castillo, quien durante la primera vuelta electoral figuraba en la categoría “otros” en las encuestas electorales, y era conocido centralmente por su dirigencia en la huelga docente del 2017, emergió producto de esa crisis y de sus aciertos.
La trascendencia de la elección fue clara desde que se supo que el maestro campesino, candidato del partido Perú Libre, pero sin provenir de su estructura, iba a enfrentar a Fujimori.
La amenaza percibida por el statu quo peruano, los poderes empresariales, mediáticos, partidos de derecha, fue proporcional a la campaña de miedo, muchas veces terror, que se desplegó contra Castillo y lo que significaría un gobierno bajo su presidencia.
El despliegue contra el candidato de izquierda resultó apabullante, en el marco de un país con fuerte concentración mediática en manos del grupo El Comercio y medios aliados.