A solo días de la inédita elección para conformar la convención constitucional paritaria en Chile, se ha abierto la discusión a nivel país sobre distintos aspectos que debiera tener o no la nueva carta magna, y que respondan a las demandas de los distintos movimientos sociales de estos últimos 20 años.
Una de esas grandes demandas es la necesidad de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero-normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.
De ahí que en el caso de la constitución dictatorial y neoliberal de 1980, aún vigente, se reproduzca también esa noción de familia tradicional, que al no definirla como tal, (solo que “es el núcleo fundamental de la sociedad”, art. 1), no hace otra cosa que naturalizar e imponer una forma específica de estructura, que deja afuera a buena parte de la población.
Por consiguiente, no es casualidad que en la legislación chilena se plantee que el matrimonio es la base principal de la familia, pero que el matrimonio se defina heteronormativamente como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente” (art. 102 de código civil).
Por tanto, las consecuencias negativas de aquellos cuerpos legales creados por grupos ultra conservadores han sido múltiples en estos últimos 30 años en el país, ya que al intentar uniformar lo que entendemos por familia,