Poner al país político a discutir en año preelectoral sobre reformas políticas que difícilmente se materializaran suena a maniobra distractora . Sin caer en conjeturas, hay aspectos que subyacen en esta “reformitis” electoral antidemocrática
En el pasado mes de septiembre publiqué en este mismo portal mi columna “Duque: autogolpe o renuncia” (enlace) donde advertía el deterioro antidemocrático del ya de por sí restringido régimen político colombiano durante el actual gobierno.
En la medida que se acercan los comicios de 2022 han empezado a pulular proyectos de alteración de las reglas del juego electoral que confluyen en dos cosas: su ventajismo para la actual facción en el Estado, y la inviabilidad de su trámite por los conductos ordinarios.
Sin duda el más bochornoso de todos esos proyectos fue el de la semana anterior que proponía la prolongación de los periodos del Presidente, Congreso, entes de control y hasta altas cortes.
Pero este proyecto presentado a nombre de la Federación Nacional de Municipios y un grupo de representantes a la Cámara poco reconocidos y que causó la justa indignación ciudadana obligando a su retiro inmediato, no contaba con los tiempos necesarios antes de marzo de 2022 para surtir los 8 debates en el parlamento que requieren las reformas constitucionales.
Análisis propio sobre sus riesgos democráticos merecen los proyectos de acto legislativo radicados en el presente periodo de sesiones del Congreso que avala el voto a las FFMM (el partido de gobierno insiste por segunda vez en este tema) o que unifica la fecha de las elecciones legislativas y presidenciales.