Con un lenguaje de sometimiento que habla de “formas correctas de protestar” solo para adormecer la indignación y luchas de quienes enfrentan al Gobierno con acciones de hecho y rebeldía en calles y carreteras del país.
El reclutamiento de menores para la guerra no afecta a familias poderosas de Colombia como la Sarmiento Angulo, la Santos, la Santo Domingo, y menos a la del expresidente Uribe o el ministro de Defensa Diego Molano que, al igual que su antecesor Guillermo Botero, bombardea campamentos guerrilleros sin importar que en éstos haya niños y niñas.
Dentro de sus métodos de propaganda para justificar la barbarie, el Gobierno nunca pierde. “Reclutamiento forzado de menores”, dice, con voz quebrada, cuando de responsabilizar a la guerrilla se trata.
“Máquinas de guerra”, balbucea, en tono militar, cuando de arrojar toneladas de explosivos contra niños y niñas en campamentos guerrilleros es la tarea.
Lanzan bombas a la par que obsequian dineros del Estado a la banca privada durante la pandemia. Muerte y sangre para unos, y prebendas y arrodillamiento frente a otros.
Así mientras una niñez desamparada es condenada al fuego y metralla de sus aviones y fusiles, una clase económica privilegiada recibe, a modo de saqueo, el dinero que pertenece al pueblo colombiano.
Es una clase monstruosa en el poder que masacra a través del paramilitarismo, que ha decapitado y jugado futbol con las cabezas de sus víctimas, que ha utilizado hornos crematorios para desaparecer cuerpos, historias de vida y luchas, que
ha asesinado a personas humildes para luego uniformarlas y hacerlas parecer combatientes de la guerrilla, y que ha matado miles de líderes y lideresas sociales y militantes de partidos como la Unión Patriótica para apropiarse de territorios, del Gobierno, y mantener un modelo económico que favorece los intereses de una clase criminal - Leer más
