La madrugada del sábado 12 de marzo fue detenida la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, al norte del país.
De allí fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde en la Fiscalía que emitió la orden de aprehensión le tomaron sus declaraciones, para luego ser presentada ante un Juez de garantías, que determinó la prisión preventiva de Añez por seis meses.
También fueron detenidos dos de sus ex ministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán; sin embargo, están prófugos y fuera del país los más violentos componentes del gabinete y mandos operativos golpistas: el ministro de gobierno Arturo Murillo, el ministro de defensa Luis Fernando López, el comandante del ejército, general Carlos Orellana y el comandante de la policía, General Yuri Calderón.
La detención de Añez y de algunos de sus colaboradores, responsables de las masacres de Sacaba (15 de noviembre de 2019) y Senkata (19 de noviembre de 2019), ha abierto una brecha de esperanza y justicia a las familias de los asesinados y heridos en los dos lugares mencionados, y en otras localidades (Ovejuyo, Yapacaní, Pedregal) donde el régimen represivo de Añez mandó matar a ciudadanos bolivianos.
Estas oportunidades de hacer justicia se abrieron gracias a procesos en la justicia ordinaria, en base de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los familiares de las víctimas y por la ex diputada Lidia Paty.
La tardía reacción del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia, se dio por la presión social que llegó al punto de cuestionar la continuidad de Castillo y Lima al frente de esos ministerios.
Sin embargo, y casi inmediatamente después de las detenciones, ha sido el propio ministro de Justicia Iván Lima quien ha debilitado las causas penales abiertas, indicando que sólo cubrirían el momento en que Añez era ex senadora y no el tiempo en que fue ex presidenta - Leer màs